El nuevo año está aquí y con él, nuevas regulaciones que pueden afectarte. Si eres propietario de un negocio o una empresa en los Estados Unidos, es imperativo que cumplas con la Ley de Transparencia Corporativa lo antes posible, o podrías enfrentar multas de $500 por día.
¿Qué es la Ley de Transparencia Corporativa?
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) es una legislación que exige a ciertas corporaciones, compañías de responsabilidad limitada (LLCs) y entidades similares informar su documentación de propiedad beneficiaria a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia gubernamental dedicada a combatir los delitos financieros.
¿Quién se considera un Propietario Beneficiario?
Un propietario beneficiario es una persona que posee o controla al menos el 25% de una entidad comercial o ejerce un poder sustancial sobre ella. Esta definición excluye a las personas que actúan en nombre de otra.
La CTA se aplica a corporaciones, LLCs y otras entidades formadas o registradas en los EE. UU., a menos que caigan en categorías de ser grandes, reguladas o exentas. Los criterios para la exención incluyen:
- Tener más de 20 empleados a tiempo completo en los Estados Unidos.
- Informar más de $5 millones en ingresos brutos o ventas en el año anterior.
- Estar regulado por agencias federales específicas, como bancos, compañías de seguros, compañías públicas y organizaciones benéficas.
Las entidades comerciales deben informar el nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación de cada propietario, junto con su propia información, a FinCEN a partir del 1 de enero de 2024, o al momento de la formación o registro. Las actualizaciones deben presentarse dentro de un año de cualquier cambio.
FinCEN mantendrá esta información en una base de datos segura y privada, compartiéndola solo con agencias gubernamentales y entidades financieras autorizadas con fines de aplicación de la ley, seguridad nacional o regulación.
Sanciones por No Cumplir
La falta de informar o actualizar la información de propiedad beneficiaria, o proporcionar datos falsos, puede resultar en multas civiles de $500 por día y hasta $10,000 por violación, y sanciones penales de hasta dos años de prisión. La divulgación intencional o el uso no autorizado de la información de propiedad beneficiaria pueden acarrear multas civiles de hasta $250 por violación y sanciones penales de hasta cinco años de prisión.
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