En los últimos meses, todo el mundo ha estado hablando sobre la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), sus requisitos de Reporte de Información de Beneficiarios Finales (BOIR), y cómo cumplir con ella, pero un giro reciente ha provocado un considerable debate y confusión entre propietarios de negocios y profesionales legales. Con el tribunal de Alabama declarando inconstitucional la CTA, hay un palpable sentido de confusión. ¿Significa esto que podemos detener completamente los esfuerzos de cumplimiento? No realmente, vamos a profundizar en ello.
Entendiendo la Decisión
El viernes 1 de marzo, el tribunal de distrito, encabezado por el juez Liles Burke, concedió la moción de resolución sumaria de los demandantes en el caso de National Small Business United v. Yellen, No. 5:22-cv-1448-LCB (N.D. Ala. 3/1/24), destacando preguntas constitucionales significativas sobre la privacidad y la autoridad federal. Uno de los demandantes, la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, con más de 65,000 miembros, impugnó el mandato federal de que las empresas reporten la titularidad beneficiosa al Departamento del Tesoro, lo que resultó en la declaración del tribunal a la ley CTA como inconstitucional.
La decisión del tribunal escrudiña el requisito de la CTA para que las empresas revelen información personal de sus accionistas al brazo de ejecución penal del Tesoro. El impacto inmediato de la decisión es limitado, restringiendo específicamente la aplicación de las obligaciones de reporte de la CTA solo contra los demandantes en lugar de universalmente en todas las empresas estadounidenses. El tribunal señaló en su opinión que los argumentos del gobierno que afirmaban la autoridad del Congreso para regular millones de entidades y sus accionistas al obtener un estatus corporativo formal de un estado “no están respaldados por el precedente”. Esto subraya el delicado equilibrio entre la supervisión gubernamental y los derechos de privacidad individuales, recordándonos que las empresas no deben ser obligadas a divulgar información tan sensible sin bases legales claras.
¿Qué significa esto para los propietarios de negocios?
Recientemente, FinCEN publicó un aviso sobre el caso, declarando que “el gobierno no está aplicando actualmente el Corporate Transparency Act contra los demandantes en esa acción: Isaac Winkles, las compañías informantes para las cuales Isaac Winkles es el beneficiario final o solicitante, la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas y los miembros de la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas (a partir del 1 de marzo de 2024)”. Este aviso subraya la importancia de permanecer vigilantes y cumplir con los requisitos del CTA, ya que la decisión se refiere a demandantes específicos y no implica una suspensión nacional de la ley.
Las consecuencias inmediatas del fallo pueden no sentirse por aquellos con entidades formadas antes de 2024, ya que tienen todo el año para observar los desarrollos legales antes de presentar.
Sin embargo, surge una situación más apremiante para las entidades formadas en 2024. Con solo una ventana de 90 días desde la formación para presentar, el riesgo de incumplimiento con futuros requisitos legales es grande. No presentar dentro de este plazo podría tener graves consecuencias, potencialmente constituyendo una violación legal.
Nuestra recomendación
En Legacy Counsel, continuaremos siguiendo las actualizaciones en desarrollo en torno al destino de la Ley de Transparencia Corporativa, pero aún recomendamos a las pequeñas empresas cumplir con el reporte de BOI, especialmente para aquellos que tienen un plazo pronto. Si necesita ayuda, llámenos.